Créditos y escrito por: Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- Tanto abogados como las personas juzgadoras se encuentran en deuda con los ciudadanos de pueblos originarios, pues en muchos casos no se les dota de un litigante capacitado o un intérprete en su lengua nativa que lo ayude en algún proceso judicial, por lo cual se han cometido innumerables violaciones a sus Derechos Humanos señaló, Daniela del Carmen Suárez de los Santos, candidata a Jueza de Distrito en materia mixta por Veracruz (número 12 en la boleta amarilla).
La ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puntualizó que, el Estado tiene la obligación de garantizarle al ciudadano de pueblos originarios un defensor, pero este debería conocer las tradiciones, usos y costumbres de su defendido, así como un intérprete que conozca su lengua y sus tradiciones.
«Entonces, cuando esto no pasa, que lamentablemente en México eso es un problema, no se encuentran con intérpretes capacitados ni con abogados defensores expertos en derecho indígena, pues se pueden cometer muchas injusticias, lo que pasa luego cuando llegan los casos de personas indígenas al Poder Judicial de la Federación al juicio de amparo, lo que ve el Juez ahí es una serie de violaciones a Derechos Humanos que no permiten tener elementos para determinar su responsabilidad, supongamos en un caso penal o que amerita su caso reponer los procedimientos para que se le garantice el derechos de debida defensa a las personas indígenas. Entonces, es una deuda que tenemos con los pueblos originarios, debemos tener de entrada los defensores pero también los intérpretes capacitados, no se puede seguir un juicio si una persona es indígena y no se le ha asignado un intérprete, incluso, aunque la persona indígena hable el español o el castellano», subrayó.
Cabe mencionar que esta semana el Congreso de Veracruz inició en Tantoyuca los Foros de Consulta de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mismos que se extenderán a Benito Juárez, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Mecayapan, donde se busca que las decisiones legislativas impacten de manera directa en la cultura, organización y derechos de los pueblos originarios de la entidad.
